Ayer, 25 de julio, entró oficialmente en vigor la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), que exige a las grandes empresas la adopción de medidas rigurosas para garantizar la protección de los derechos humanos y del medio ambiente a lo largo de toda su cadena de valor.

La directiva obliga a las grandes empresas de la Unión Europea a realizar una diligencia debida completa para identificar, prevenir, mitigar y contabilizar sus impactos en los derechos humanos y el medio ambiente. Este enfoque abarca todas las actividades de la empresa, incluidas las subsidiarias y socios comerciales directos e indirectos.

Los Estados miembros tienen hasta el 26 de julio de 2026 para transponer esta directiva a la legislación nacional. A partir de julio de 2027, las empresas con más de 5.000 empleados y 1,5 mil millones de euros de facturación deben estar en conformidad con la misma. Las empresas de menor tamaño tendrán plazos adicionales, basados en el número de empleados y en la facturación.

De acuerdo con la directiva, las empresas deben integrar la diligencia debida en sus estrategias corporativas, identificar y reevaluar regularmente los posibles riesgos ambientales y de derechos humanos, implementar medidas de mitigación de acuerdo con el grado de severidad de los riesgos identificados, tener la capacidad de remediar los posibles daños causados, consultar e involucrar a todas las partes interesadas, garantizar la existencia de mecanismos de reclamación y cumplir con todas las normas nacionales aplicables.

La Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) son dos importantes instrumentos regulatorios de la Unión Europea, que trabajan de manera complementaria para promover la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Mientras que la CSDDD exige que las empresas gestionen proactivamente los riesgos ambientales y de derechos humanos, la CSRD obliga a la divulgación detallada de las prácticas e impactos de sostenibilidad. Juntas, estas directivas aumentan la responsabilidad corporativa y promueven la transparencia.

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