Cambio climático: una expresión que ya nadie ignora y que, por desgracia, ahora forma parte de nuestras vidas. Algunas de sus consecuencias tienen efectos a largo plazo, tales como el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos y la pérdida de la biodiversidad, pero otras son más evidentes y afectan a nuestra vida cotidiana: olas de calor más frecuentes, sequías, inundaciones, riadas, deslizamientos de tierra, huracanes y tornados, por citar los principales, incluso en lugares donde estos fenómenos nunca se producían.
Estas consecuencias están afectando cada vez más a la vida global de nuestro planeta y a la supervivencia de las especies que viven en él. En paralelo a esta toma de conciencia existe una movilización mundial cada vez mayor para luchar contra esta realidad.
Desde el punto de vista político, esto se ha traducido en algunos compromisos concretos destinados a unificar las acciones para combatir el cambio climático, entre los cuales se encuentra el Acuerdo de París (21.a Conferencia de las Partes, 12 de diciembre de 2015, en vigor desde el 4 de noviembre de 2016) que estableció los siguientes objetivos:
• limitar el aumento de la temperatura media mundial a niveles muy por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales, y
• proseguir con los esfuerzos destinados a limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C, lo que reducirá significativamente los riesgos y el impacto del cambio climático
Este compromiso ha generado nueva reglamentación (a través del Parlamento y del Consejo Europeo, o de los propios gobiernos nacionales) y la adaptación de diversos reglamentos ya existentes, tales como los relativos al RCDE (Régimen de Comercio de Derechos de Emisión) que, creados en 2005, han sufrido cambios en el año 2018.
Así, se reforzaron las medidas ya acordadas a nivel de emisiones en 2014, cuando se creó el marco sobre clima y energía para 2030, que definía metas escalonadas para permitir una adaptación menos agresiva, a pesar de la urgencia de su aplicación. Por ejemplo, se acordó que:
• entre 2025 y 2029, los turismos y vehículos comerciales ligeros tendrán que emitir en promedio un 15 % menos de CO2;
• a partir de 2030, los turismos nuevos emitirán, en promedio, un 37,5% menos de CO2 y los vehículos comerciales ligeros nuevos un 31% menos, con respecto a los niveles de 2021;
• las nuevas normas exigen a los fabricantes que reduzcan las emisiones de CO2 de los camiones nuevos una media de un 15% a partir de 2025 y un 30% a partir de 2030, con respecto a los niveles de 2019.
Afortunadamente, como resultado del interés de las autoridades competentes por regular y controlar este compromiso, y principalmente por el gran esfuerzo de inversión y adaptación de las empresas con mayor impacto sobre las emisiones de CO2, la UE ya ha superado los objetivos establecidos para 2020 (las emisiones de gases de efecto invernadero ya se habían reducido un 23% en 2018):
• reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (con respecto a 1990);
• aumentar la cuota de energía renovable un 20%;
• mejorar la eficiencia energética un 20%.
Para el período 2021-2030 se establecieron metas más ambiciosas, destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 40% hasta 2030, respecto a los niveles de 1990.
Como se ha mencionado anteriormente, en el Acuerdo de París se estableció el compromiso de limitar el calentamiento global a 1,5 oC, y para conseguirlo, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la neutralidad de carbono debe alcanzarse en 2050.
La Comisión Europea presentó, en 2018, una estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y en junio de 2019 se hizo un llamamiento de los líderes de la Unión Europea a los países de la UE para su concreción.
La neutralidad carbónica o de carbono implica que existe un equilibrio entre la emisión y la absorción de este gas de la atmósfera, esta última realizada por los llamados sumideros de carbono (cualquier sistema que absorbe más carbono del que emite). Para que esto suceda, además de las medidas antes mencionadas destinadas a la reducción de las emisiones, debe producirse una compensación por captura de carbono.
De acuerdo con “International Climate Negotiations – Issues at stake in view of the COP 24 Climate Change Conference” (noviembre 2018), las estimaciones de absorción por los sumideros naturales (los principales son el suelo, los bosques y los océanos) varían entre 9,5 y 11 Gt de CO2 de la atmósfera al año, mientras que las emisiones anuales globales de CO2 alcanzaron 37,1 Gt en 2017.
Por lo tanto, dado que hasta el día de hoy no existen sumideros artificiales capaces de compensar esta diferencia, con el fin de minimizar el efecto invernadero mediante la reducción del CO2 presente en la atmósfera a través de su captura, a nivel europeo también se están tomando medidas para promover la sostenibilidad de nuestros bosques y aumentar así la retención del CO2 atmosférico.
En 2018 se adoptó el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 30 de mayo de 2018, que establece las reglas para contabilizar la aportación del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura para el período 2021- 2030. Para dar cumplimiento a este reglamento, los países de la UE preparan un Plan de Contabilidad Forestal Nacional para el período 2021-2025 que servirá como punto de referencia para definir la contribución de los bosques gestionados por los distintos países durante dicho período.
Al considerar la actividad de este sector (que cubre el uso del suelo y los bosques, dentro del cual se encuentra el uso de la tierra, los árboles, las plantas, la biomasa y la madera), el plan incluye, como parte de una política más amplia para combatir el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de sus correspondientes actividades y define asimismo un Nivel de Referencia Forestal para ayudar a evaluar la compensación por eliminación del CO2 atmosférico.
Las políticas forestales de lucha contra incendios forestales, el cambio de uso del suelo forestal y la deforestación, previenen la liberación del carbono almacenado en los sumideros naturales, como los bosques.
Evidentemente, estas políticas y reglamentos afectan a las empresas que emiten más CO2 a la atmósfera y que coinciden asimismo con las que tienen un consumo significativo de energía. Estas directrices y las acciones necesarias para su cumplimiento contribuyen por sí mismas a reducir el consumo de energía, dado que las emisiones y el consumo de energía están estrechamente ligados; no obstante, en Europa, la Comunidad Europea ha querido ir un poco más allá y ha creado paralelamente nuevos marcos legislativos para reducir la dependencia energética y su transición hacia las energías limpias.
La Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética junto con la Directiva (UE) 2018/2002 que la modifica, establecen unas metas bastante ambiciosas en este sentido:
• alcanzar el objetivo de eficiencia energética del 32,5% en 2030 y anticipar futuras mejoras posteriores a esa fecha;
• los países de la UE, a través de las empresas públicas, deben contribuir a ayudar y estimular a los consumidores a utilizar un 0,8% menos de energía cada año (0,24% para Malta y Chipre);
• aumentar la transparencia y la equidad en la distribución, el reparto, la medición y la facturación de la energía (reforzando asimismo los derechos de los consumidores y los aspectos sociales de la eficiencia energética), así como eliminar las barreras que impiden mejorar la eficiencia energética en el aprovisionamiento y el uso de la energía.
A excepción de algunas normas modificadas, cuyo plazo vence el 25 de octubre de 2020, toda la directiva está en vigor.
La Directiva (UE) 2018/2001 sobre la promoción del uso de energía procedente de fuentes renovables (aplicable desde el 24 de diciembre de 2018 y cuya transposición a la legislación de los distintos países de la UE vence el 30 de junio de 2021) incluye las siguientes medidas:
• objetivo global vinculante de la UE para 2030 de una cuota mínima del 32% de energía procedente de fuentes renovables;
• normativas para el estímulo y apoyo financiero al desarrollo y transición a las energías renovables, y al autoconsumo;
• normativas para un mejor sistema de garantía de origen que cubra todas las fuentes de energía renovables;
• normativas específicas para los sectores de calefacción y refrigeración, y para el del transporte, estableciendo un aumento de las cuotas de energía renovable en este sector (1,3% y 14% respectivamente);
• refuerzo de los criterios de sostenibilidad de la UE dirigidos a la bioenergía, aumentando el alcance de su aplicación.
El Reglamento (UE) 2018/1999 relativo a la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (aplicable desde el 24 de diciembre de 2018):
• obliga a los países de la UE a desarrollar planes nacionales integrados en materia de energía y clima cada diez años;
• establece mecanismos de consulta, requisitos para los sistemas de inventario nacionales y de la UE de emisiones de gases de efecto invernadero, políticas, medidas y proyecciones con el fin de armonizar los procesos y promover la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión Europea;
• instaura asimismo mecanismos de control que ayudan a garantizar el cumplimiento de los objetivos y a que el conjunto de acciones propuestas refleje un enfoque coherente y coordinado.
A la vista de lo anterior, resulta evidente que debe realizarse un esfuerzo muy significativo para lograr alcanzar los objetivos y metas establecidos, y muchas de las medidas están dirigidas al aumento de la eficiencia energética y la transición hacia las energías limpias.
Ya se han presentado y están en vigor una gran cantidad de reglamentos destinados a establecer objetivos y medidas que permitan alcanzar las metas propuestas, no obstante, a menudo no definen el método a seguir para ponerlas en práctica y, al mismo tiempo, la variedad de operadores y sus propias especificidades provocan que las acciones y decisiones sean muy distintas. En concreto, la solución dentro de una misma empresa puede ser muy diferente dependiendo de la ubicación geográfica de las instalaciones, aunque estas tengan la misma actividad.
La ISO - International Organization for Standardization, posee una gran variedad de normas que juegan un papel esencial en la agenda climática y que ayudan a monitorizar el cambio climático, cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero y promover buenas prácticas en la gestión ambiental.
Una vez más, la ISO ha creado una norma para sistematizar la gestión de una organización enfocada hacia una dirección estratégica y, en este caso, la norma ISO 50001 - Sistemas de Gestión de Energía - Requisitos y directrices para su uso, es un buen ejemplo de cómo el rendimiento energético de una organización puede orientarse hacia la mejora continua.
Mediante la implementación de la norma ISO 50001, las organizaciones establecen una estructura que facilita tanto la toma de decisiones como las acciones, basándose en sus recursos humanos y materiales, del mismo modo que el resto de las normas, pero con un enfoque significativo hacia el rendimiento y, en consecuencia, hacia los resultados.
Esta norma sigue una estructura de alto nivel, lo que facilita su integración con otras normas, y permite que la implementación de procesos y la planificación estratégica de las organizaciones se beneficien de las sinergias.
Promueve, asimismo, al igual que otras normas revisadas recientemente, la comprensión de cada organización, su contexto y las necesidades y expectativas de sus partes implicadas. Con la globalización y la evolución de la tecnología, el conocimiento de las organizaciones y de su contexto juega un papel cada vez más relevante en la elección de un direccionamiento:
• la accesibilidad a las tecnologías que permiten un mejor rendimiento energético y una aplicación apropiada a la realidad de la empresa;
• las fuentes de energía accesibles;
• la política energética del país en el que opera;
• los requisitos legales aplicables y el resto de obligaciones de cumplimiento;
• las necesidades productivas de la organización;
• el aumento de la eficacia y eficiencia de los equipos y procesos de producción;
• los requisitos del producto o servicio proporcionado;
• la necesidad de reducción de los costes de energía;
• las sinergias con otras organizaciones del sector o de la cadena de valor;
• la expectativa de muchas organizaciones de reducir la huella de carbono en su cadena de valor;
• la concienciación y la presión pública para un desarrollo más sostenible.
Todos estos factores, y otros no mencionados, crean oportunidades potenciales, pero también riesgos para la actividad de la organización. El análisis de los riesgos y oportunidades, y la toma de decisiones dirigida a minimizar los primeros y a aprovechar las segundas, se abordan en la norma ISO 50001 como base para la definición de una política energética y de las consecuentes acciones. Esta norma también ofrece orientación sobre cómo gestionar y tratar estos riesgos y oportunidades.
Aunque la organización sea consciente de su contexto y de las partes implicadas, la implementación de una política energética solo puede lograrse a través de un liderazgo comprometido con una mejora continua del rendimiento energético de la organización y de la eficacia de su Sistema de Gestión de Energía (SGE). Con respecto al liderazgo, la norma analiza los recursos, competencias y responsabilidades que deben ser garantizados por la alta dirección para el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el ámbito del SGE, tales como:
• la aprobación de los planes de acción y el fomento de su cumplimiento;
• los recursos para la puesta en práctica de las decisiones tomadas;
• los recursos humanos asignados al SGE, sus competencias y responsabilidades;
• la formación del personal involucrado en el SGE;
• el cumplimiento y adecuación de los objetivos definidos;
• la gestión del cambio.
Siguiendo asimismo los principios del ciclo PDCA ("Plan, Do, Check, Act"), esta norma sirve de guía para la creación de procedimientos y mecanismos de evaluación energética mediante la identificación del uso de la energía por parte de la organización, su impacto, su relevancia y significación para darse cuenta de los puntos que presentan carencias y debilidades. Esta evaluación permite a las organizaciones identificar las áreas de mayor consumo energético (lo cual en ocasiones arroja resultados inesperados) y, así, centrar sus esfuerzos en las causas con mayor impacto, racionalizando de este modo los costes de inversión.
A partir de una evaluación energética inicial como referencia (CER - consumo energético de referencia), es posible hacer un seguimiento del rendimiento energético de la organización y de la eficacia de las medidas adoptadas destinadas a paliar las causas de los usos significativos de energía (USE) identificados.
En dichas evaluaciones deben considerarse tanto los factores estáticos (que no cambian de forma rutinaria, como el tamaño de las instalaciones, el diseño de los equipos instalados, el número de turnos, la variedad de productos) como las variables relevantes (que se modifican de forma rutinaria, como parámetros de producción (producción, volumen, tasa de producción), condiciones climáticas (temperatura exterior), horas de funcionamiento, parámetros de funcionamiento (temperatura de funcionamiento, nivel de iluminación)), con impacto sobre el consumo y para los cuales deben aplicarse enfoques diferentes.
El seguimiento del rendimiento, llevado a cabo con el apoyo de una monitorización de los indicadores de rendimiento energético (IRE) y el control operativo, que deben adaptarse a la realidad de la organización, refleja los resultados de la planificación y permite de este modo tomar medidas rápidas en caso de desviaciones respecto a los resultados esperados. Para que sirva realmente como herramienta de apoyo a la estrategia de la organización, la información y datos recogidos deben obtenerse a través de métodos fiables y adecuados a la realidad de la misma (dimensión, complejidad, recursos y equipos de medición y monitorización disponibles) y actualizarse con frecuencia.
La información recopilada en la etapa de planificación del SGE y durante su ejecución, así como la documentación generada, se deben ajustar a las necesidades del sistema y notificarse de acuerdo con dichos requisitos. La comunicación debe tener en cuenta a las partes implicadas (internas y externas) relevantes y la manera en que se debe proceder a dicha notificación.
Todas las hipótesis generadas y las planificaciones realizadas pueden causar desviaciones si su ejecución no se supervisa, por lo tanto, además de monitorizar la información y los datos que alimentan los IRE, la operación debe prever el control y seguimiento de las desviaciones durante el proceso de producción o prestación de servicios por parte de la organización, en relación con los procedimientos establecidos.
Debe prestarse especial atención a las fases en las que se toman decisiones con impacto en el rendimiento energético, al margen de la operación, tales como el diseño, que define las características y cambios en los productos, servicios, equipos e instalaciones, o las condiciones de funcionamiento. Una fase con un impacto significativo para el ajuste de las necesidades energéticas de la organización a la política de eficiencia energética es la etapa de aprovisionamiento, en la que se toman decisiones sobre la compra de energía (por ejemplo, a la hora de optar por energías renovables) y de equipos y servicios con impacto en el rendimiento energético.
En estas dos fases debe fomentarse la aplicación de nuevos conocimientos y la facilidad de acceso a información sobre los desarrollos y avances tecnológicos disponibles en el mercado y que permiten avanzar hacia el desarrollo sostenible.
Algunos de los avances tecnológicos y científicos se refieren a:
• la movilidad eléctrica que, cada vez más, desarrolla soluciones que reducen el impacto de su ciclo de vida, como el uso de grafeno en detrimento del litio (cuya extracción todavía provoca un impacto ambiental) o el incremento de la duración de sus baterías (aumentando su tiempo de vida útil y fomentando así la economía circular), o el aumento de su posibilidad de reciclado. Todas estas soluciones, lógicamente, se basan en que su rendimiento energético y operacional es mejor que el de la solución anterior;
• la adopción de nuevas energías renovables, el aprovechamiento de las que pueden potenciar los recursos del entorno (por ejemplo, el uso de energía hidráulica si hay cursos de agua cercanos) y el aumento de su eficiencia (los paneles solares son cada vez más económicos y eficientes);
• el diseño arquitectónico y de ingeniería sostenible, como la arquitectura pasiva que permite la reducción del consumo al aprovechar la distribución del espacio disponible, las características del entorno geográfico, climatológico y geofísico, y la utilización de materiales de construcción innovadores y con un menor impacto medioambiental (uso de materiales reciclados, por ejemplo);
• las mejores técnicas disponibles para la actividad industrial (MTD) destinadas a un aumento de la eficiencia energética y productiva, y un menor impacto ambiental. Existen regulaciones europeas que fomentan la adopción de este tipo de tecnologías y suministran documentación de apoyo elaborada por expertos, como los BREF (Best Available Techniques (BAT) Reference documents, Documentos de referencia sobre las mejores técnicas de referencia), uno de los cuales se centra especialmente en la eficiencia energética (ENE).
Por último, y a semejanza del resto de las normas ISO que siguen el ciclo PDCA, es necesario evaluar el rendimiento del propio SGE. Esta evaluación considera como herramientas:
• el seguimiento, medición, análisis y evaluación del rendimiento energético y del SGE;
• la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo;
• la auditoría interna;
• la revisión por la dirección.
Los resultados de esta evaluación deben generar nuevas acciones complementarias a las ya previstas: acciones correctivas para eliminar/mitigar las causas de las desviaciones, acciones para ajustar el SGE a los cambios y nuevas realidades, y acciones para mejorar el rendimiento del SGE.
Con la implementación de la norma ISO 50001, su aplicación, seguimiento y evaluación, la organización crea un marco estratégico que permite la sistematización de buenas prácticas, la identificación de los riesgos que se deben reducir, el aumento de las oportunidades, la previsión de cambios y la capacidad para adaptarse a ellos de manera rápida.
La experiencia obtenida a partir de la aplicación de la ISO 50001 muestra una mejora del rendimiento energético de las organizaciones, que a su vez genera:
• reducción de costes, no solo energéticos, sino también operativos y financieros;
• menor dependencia energética (por ejemplo, con el autoconsumo);
• una mayor facilidad para dar cumplimiento a las obligaciones legales;
• mayor eficacia a la hora de dar respuesta a los cambios (climatológicos, tarifarios, geográficos, etc.);
• aumento de la eficiencia operativa (mejor rendimiento productivo).
Con la reducción del consumo y el aumento del rendimiento energético de las organizaciones, los resultados contribuyen a un menor impacto de sus emisiones de carbono (directas o indirectas) y, por lo tanto, a una reducción de su contribución a las emisiones responsables el cambio climático.
Pedro Fernandes
Business Developer | Climate Change
APCER
